El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado durante el acto institucional del 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el impulso de 1.161 nuevas viviendas del Plan Casa Fácil 2 de Elche, una iniciativa municipal destinada a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes ilicitanos.

Durante su intervención en el Jardín 9 de Octubre, el alcalde ha destacado la importancia de ofrecer soluciones a uno de los principales problemas que afectan a los españoles y ha puesto en valor la apuesta del gobierno municipal por el desarrollo de los planes Casa Fácil 1 (240 viviendas) y 2, que contempla (1.161 viviendas).

Para avanzar en este objetivo, Ruz ha explicado que el vicealcalde está trabajando con urgencia en el cambio de uso de seis solares dotacionales para destinarlos a la construcción de vivienda protegida, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para los jóvenes de Elche.

El alcalde ha señalado que esta política de vivienda responde a una de las principales preocupaciones del gobierno municipal, con el objetivo de ofrecer oportunidades reales a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Elche.

A estas actuaciones se suman las 79 viviendas de alquiler asequible en construcción en el edificio Araceli, en Travalón, y las 141 viviendas contempladas por la Generalitat Valenciana a través del Plan VIVE (en 2 edificios en C/Abogados de Atocha de 69 y 72 viviendas).

Asimismo, el alcalde ha hecho referencia a las cinco viviendas previstas por el Gobierno de España en Elche dentro del Plan Casa 47.

En conjunto, Ruz ha señalado que estas iniciativas permitirán configurar un parque de 1.626 viviendas públicas y asequibles en la ciudad, fruto de las actuaciones impulsadas por las distintas administraciones.

En Elche varias entidades de izquierdas se preparan para movilizar a la ciudadanía con motivo de la crisis de la vivienda y para garantizar el éxito de la huelga general que han convocado los sindicatos mayoritarios y representantes de las acampadas.

Será el próximo 11 de noviembre y en Elche entidades como la Asamblea Popular Republicana se prepara para que la huelga sea un éxito. Consideran que en la calle y con las movilizaciones se puede conseguir cambios de calado para que trabajadores y jóvenes puedan tener más fácil el acceso a la vivienda.

Los republicanos aseguran que más allá de esta huelga o de las elecciones generales, van a seguir reuniéndose todos los miércoles en su sede en Carrús para presionar a las instituciones públicas para obtener soluciones.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas asegura que este año ha aumentado especialmente el número de familias que acuden a pedir ayuda. Actualmente trabaja en 7 desahucios previstos para los próximos meses: cinco en octubre, uno en noviembre y otro todavía sin fecha.

Los casos afectan principalmente a familias con menores tras la finalización de su contrato de alquiler o por propietarios que no quieren renovarlos. La PAH sostiene que mientras el perfil de las familias es muy variado, sí detecta un patrón entre algunos compradores que adquieren viviendas con personas todavía residiendo legalmente en ellas para conseguirlas a un precio inferior, extorsionarlas para echarlas y luego subir el precio. 

«El perfil es muy variado, de edades y de todo. Hay personas mayores, pero ahora mismo la mayoría que tenemos son con niños. Hay gente que está comprando para aprovechar que puedes comprar barato, sobre todo si hay una persona viviendo dentro», cuenta Marga Bernat, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La plataforma reclama una mayor intervención de las administraciones y más vivienda pública destinada al alquiler Denuncian que lleva desde diciembre de 2024 sin reunirse con el alcalde.

«Le hemos pedido reunión tras reunión tras reunión. La única que obtuvimos fue una con la concejala y luego otra con el alcalde, que fue en 2024. Desde diciembre de 2024 no nos ha recibido más», explica Gloria Marín,  miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La PAH espera ahora comprobar si alguno de los desahucios previstos puede acogerse a las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. La plataforma advierte de que la suspensión no será automática y que cada familia tendrá que acreditar ante el juzgado que cumple las condiciones establecidas.