La pandemia ha golpeado mucho más duro al municipio en 2021 por lo que el ayuntamiento volverá a ampliar el plazo voluntario para pagar los principales impuestos y tasas municipales. Al igual que el pasado año hasta el 14 de junio se podrá pagar el impuesto de circulación y la tasa de vados y hasta el cinco de noviembre el IBI y el IAE, según ha anunciado la edil del área, Patricia Maciá.

Además, la edil ha anunciado que se ha creado una comisión para poner en marcha un Plan de acción con el objetivo de evitar las irregularidades en las contrataciones, que se indicaron en el último informe del interventor municipal.

Por otro lado, ha asegurado que a fecha del 31 de diciembre, se ha alcanzado el 71% de ejecución de las inversiones previstas en 2020, por las obras que se han iniciado y las que se han licitado. La inversión del pasado año superó los 46 millones de euros. La edil ha destacado que el haber invertido tanto dinero en la ciudad en un año de pandemia demuestra que el gobierno local ha trabajado para crear empleo y mejorar el espacio público

El viernes se aprobará una modificación presupuestaria por remanentes y préstamos de 12 millones de euros para seguir pagando obras. Esperan obtener tras la liquidación del presupuesto un remanente entre 5 y 8 millones de euros que destinarán a pagar el alumbrado público en Bonavista, entre otras actuaciones.

La edil, además, ha explicado que se ha bajado la deuda a casi 14 millones de euros, según los datos provisionales que se llevarán al pleno de este mes. Según la edil es posible invertir más sin incrementar la deuda pública.

El equipo de gobierno ha rechazado la alegación que el PP ha presentado a los presupuestos de este año al no reunir los requisitos establecidos, es decir, por defecto de forma y no por su contenido. Con ello, en el pleno extraordinario de la próxima semana, la edil del área, Patricia Maciá, ha anunciado que entrará en vigor, tras su aprobación, este presupuesto que contempla las ayudas e inversión necesarias para paliar los efectos de la pandemia y reactivar la economía local. 

Las ayudas del Consell del Plan Resistiré, que alcanzan los 6 millones de euros para los sectores afectados por el cierre como la Hostelería, ya se pueden solicitar. La edil ha señalado que serán compatibles con otras ayudas municipales y considera que al haber previsto una partida de ayudas Covid de 1,8 millones de euros  en el presupuesto de este año se llegará a otros sectores productivos afectados por la pandemia, que no están contemplados en el fondo del Consell.

La concejala de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Maciá, ha asegurado, tras las declaraciones del portavoz adjunto del PP, José Navarro, que “no existen ilegalidades en la adjudicación de contratos menores ni en el informe elaborado por el Interventor de control interno se habla en ningún momento ni de ilegalidades ni de irregularidades sino de incidencias administrativas, algo que es muy distinto”. Maciá ha acusado al PP, en este sentido, de “faltar a la verdad y dar una información sesgada y discrecional solo para dañar la imagen de este gobierno”.

El área de Intervención ha revisado 14 contratos menores realizados en 2019–seis de obras y 8 de servicios y suministros- y se han detectado unas incidencias administrativas. El informe del interventor se indica que todos los contratos menores revisados “disponen de la consignación presupuestaria, la aprobación del gasto, el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la firma del técnico responsable y la firma del vicesecretario municipal. Es decir, todo está correcto atendiendo al artículo 118 de la Ley de Contratos que habla de los expedientes de contratación en contratos menores”.

“Pero nosotros somos aún más escrupulosos y, para una mejor gestión, se está aplicando una instrucción que es obligatoria para la administración del Estado, pero no para la administración local, que, entre otros requisitos, exige que se soliciten tres presupuestos a tres empresas distintas”.

“Según Navarro, este informe dice que se han adjudicado contratos antes de la recepción de las ofertas cuestión que es falsa. Comprobado con el interventor, puedo afirmar que hay informes en los que la fecha del mismo es anterior a alguna oferta debido a errores de transcripción elaborados por los propios técnicos y que se han subsanado”.

La concejala indica que Navarro vuelve a mentir cuando dice que existen ilegalidades en expedientes cuyo importe superaba el límite del procedimiento simplificado. “Hablado con los técnicos que han elaborado el informe, en ninguno los contratos que se han revisado se recoge esa afirmación, ya que en todos los casos se han respetado los límites monetarios”.

En todo momento, los 14 contratos menores de 160 que se han revisado cumplen con la normativa y si se hubieran cometido ilegalidades, “el interventor tiene la obligación de denunciar la responsabilidad al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía, cosa que no se dice en ningún momento en el informe”.

Por tanto, según la edil, el informe del interventor habla siempre de incidencias administrativas y nunca de ilegalidades o irregularidades y, además, expone una serie de medidas correctoras para el mejor funcionamiento administrativo. “El PP busca con mentiras manchar el buen hacer del equipo de gobierno, mentiras que tienen las patas muy cortas”.