El colegio Ausias March fue construido en 1985 sobre la ladera del río Vinalopó y 36 años después los problemas de cimentación provocaron que el Ayuntamiento decidiera un día antes del comienzo del presente curso el cierre temporal del centro educativo, trasladando así a 260 alumnos al colegio público Casablanca, el más cercano.

El presente curso ya está finalizando y todavía no se ha puesto una solución a esta problemática. Las madres del AMPA han acudido hoy a presentar un escrito a la Conselleria de Educación solicitando información y han recogido hasta mil firmas de todo el municipio para, sobre todo, pedir que en septiembre los niños vuelvan a su antiguo colegio. Afirman que las condiciones de sus hijos en el Colegio Casa Blanca no son las idóneas y aseguran además que están dispuestas a iniciar una huelga si no se pone una solución inmediata de cara al próximo curso.

La edil de educación, María José Martínez, ha confirmado que durante la primera semana de junio se mantendrá una reunión con la dirección territorial para abordar la cuestión y tomar decisiones en base a lo que los técnicos consideren más viable en cuanto a la infraestructura. No se conoce todavía si el edificio o parte de él podrá rehabilitarse o si por lo contrario se procederá a su derribo.

Por otro lado, la edil asegura que el centro educativo Casablanca cuenta con el espacio necesario para todos los alumnos, y que a pesar de las aulas prefabricadas donde se ubican los niños más pequeños, apunta que la convivencia es buena.

La Comunidad de Propietarios quiere darle un lavado de cara al Polígono de Carrús y de hecho han hablado incluso de transformar la fisonomía del enclave.

A corto plazo el ayuntamiento se ha comprometido a mejorar los servicios esenciales como la limpieza, la seguridad o el estacionamiento en las calles del polígono. Y, a medio plazo crear una Entidad de Gestión y Modernización, para dotar a la zona de más visibilidad, captar inversiones y fondos directos para su mantenimiento y otras cosas como cambiar el aspecto del polígono, donde operan más de 600 empresas. De hecho el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 515.000 euros del IVACE para sufragar iniciativas referentes a movilidad sostenible en Elche Parque Empresarial y en los polígonos de Altabix y Carrús. Este último recibirá una inyección de 197.122 euros para mejorar la accesibilidad e instalar marquesinas en sus paradas de autobús.

El 20 de junio es la fecha tope para solicitar la subvención a los fondos europeos para promover actuaciones de regeneración urbana en barrios vulnerables. El gobierno local concurrirá a esta convocatoria para transformar, modernizar y dar una nueva imagen a Porfirio Pascual. Un barrio que cuenta con 302 viviendas y que se encuentra en un grave estado de degradación. El coste de la rehabilitación integral asciende a 13 millones de euros, de los que algo más de 9 se solicitan al Ministerio. Además, 1,9 millones procederían del ayuntamiento, 0 600.000 euros de la GV y 1 millón de los vecinos.

Según el alcalde, cada vecino pagaría un máximo de 7.200 euros, que tendría reducción en caso de familias vulnerables y además existen formas de financiación a disposición de los vecinos con préstamos de hasta 15 años. Esta rehabilitación se centra en actuaciones estructurales, de accesibilidad, eficiencia energética y de reurbanización del entorno, en consonancia con la nueva imagen de los edificios. Eso sí, no sería necesario el realojo de los vecinos durante las obras, que de lograrse la subvención, comenzarán en 2023 y tendrán que finalizar antes del 30 de junio de 2026. Durante los últimos días ha habido reuniones con los vecinos para explicarles el proyecto, ya que se requiere la mayoría simple en cada comunidad para seguir adelante, aunque según el alcalde, el estado del barrio y la accesibilidad de las ayudas supone la mejor oportunidad para que esta rehabilitación sea una realidad. Mientras que la edil de Urbanismo, Ana Arabid, ha destacado el interés e implicación de los vecinos en este proyecto.