La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha reclamado al Consell que los presupuestos de la Generalitat para este año incluyan partidas económicas destinadas a compensar la reducción de agua de riego procedente del Trasvase Tajo-Segura. La organización considera prioritario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro al campo alicantino.

Los representantes de ASAJA trasladaron esta petición durante la reunión mantenida esta semana con miembros del Gobierno valenciano en Valencia, en la que analizaron los principales asuntos que afectan al sector agrario de la provincia y reclamaron soluciones de carácter estructural.

Entre sus demandas, la organización recordó el compromiso del Partido Popular de garantizar la viabilidad del Trasvase Tajo-Segura si accede al Gobierno de España y de revertir los recortes aplicados en los últimos años. Mientras tanto, solicita que la Generalitat impulse actuaciones que permitan compensar la pérdida de los 30 hectómetros cúbicos de agua transferida.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran la construcción de la conducción entre la depuradora del Rincón de León y su conexión con Riegos de Levante, así como un embalse regulador que permita aprovechar las aguas regeneradas procedentes de las depuradoras de Torrevieja y Orihuela Costa.

Asimismo, ASAJA ha solicitado una prórroga hasta el 1 de octubre para evitar el cierre de los acuíferos, al considerar que esta medida no debería aplicarse hasta que entren en funcionamiento todas las infraestructuras previstas dentro del trasvase Júcar-Vinalopó.

La calidad del aire en Elche disminuye durante los meses de invierno debido al aumento de partículas contaminantes procedentes del tráfico y de las quemas de biomasa. Esta es la principal conclusión de un estudio científico desarrollado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que ha analizado durante un año la evolución de la contaminación atmosférica en la ciudad.

La investigación se ha llevado a cabo mediante la toma de muestras en una zona céntrica de Elche, caracterizada por un intenso tráfico rodado y una escasa ventilación. El objetivo era comprobar cómo varía la calidad del aire según la estación del año y evaluar el potencial oxidativo de las partículas en suspensión, un indicador que permite estimar su capacidad para provocar efectos perjudiciales sobre la salud.

Los análisis realizados en el laboratorio muestran que durante el invierno la toxicidad potencial de estas partículas se duplica respecto a los niveles registrados en verano.

Según los investigadores, este incremento está relacionado con la mayor concentración de tráfico en las calles estrechas del centro urbano y con las emisiones derivadas de las quemas agrícolas y del uso de chimeneas en las zonas periféricas del municipio.

Pese a estos resultados, el equipo científico subraya que la calidad del aire en Elche no representa un riesgo para la población general. No obstante, insiste en la importancia de realizar un seguimiento continuo para identificar las principales fuentes de contaminación y prevenir posibles impactos sobre la salud pública

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de un plan estatal de apoyo a la industria zapatera ante el deterioro que atraviesa el sector. La patronal advierte de que en los últimos cinco años ha desaparecido el 35% de las empresas del calzado en España, lo que supone el cierre de 1.149 compañías, además de una importante caída de la producción y del empleo.

Según los datos del sector, desde 2024 cierran cada año más de un centenar de empresas, una tendencia que atribuyen a un ajuste provocado por la falta de carga de trabajo y al incremento de las importaciones de calzado. Solo el pasado año, el déficit comercial alcanzó los 1.800 millones de euros, una cifra récord.

La pérdida de capacidad productiva también queda reflejada en la evolución de la fabricación nacional. Mientras que en 2001 se produjeron 202 millones de pares de zapatos en España, en 2024 la cifra descendió hasta los 71 millones. Paralelamente, el país importa 371 millones de pares de calzado al año, de los que más de la mitad proceden de China.

Desde la asociación denuncian que las empresas españolas deben cumplir una normativa cada vez más exigente en materia laboral, medioambiental y de producción, mientras que los productos importados no están sometidos a los mismos requisitos, lo que, a su juicio, genera una situación de competencia desleal.

En la actualidad, el sector mantiene algo más de 2.000 empresas de calzado y alrededor de un millar dedicadas a los componentes, en su mayoría micropymes. Además, solo permanecen cinco grandes compañías, un titular con mayor impacto también podría ser dentro de la industria.

Ante este escenario, la patronal solicita al Ministerio de Industria un plan de actuación dotado con más de 1.000 millones de euros para reforzar el tejido industrial, impulsar la competitividad y garantizar el futuro del sector. Los informes con el diagnóstico de la situación ya han sido remitidos al ministro y la próxima semana está previsto un encuentro con el secretario de Estado de Industria en Elche o Elda para abordar estas reivindicaciones.