La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha presidido la IV reunión del Observatorio de la Justicia creado por el Colegio de Abogados para mejorar el funcionamiento judicial. En este encuentro han participado representantes de jueces, fiscales, procuradores, abogados y fuerzas de seguridad del Estado.

El decano del Colegio de Abogados, ha reclamado mayor agilidad en los señalamientos y procedimientos, sobre todo, en las ejecuciones hipotecarias y en la devolución o entrega de consignaciones de dinero en los juzgados. Han pedido más celeridad en los desahucios y ampliar los espacios que tienen en la Ciudad de la Justicia.

La responsable autonómica, por su parte, ha asegurado que el Partido Judicial de Elche tiene la implantación de los nuevos Tribunales de instancia en su tercera fase y ha anunciado que saldrá reforzado con cuatro plazas de jueces que servirán para descongestionar asuntos en el área de lo social y civil

A partir del 1 de enero entrará en vigor el nuevo modelo organizativo de los juzgados que se unirán en dos, un tribunal de instrucción y otro de instancia. El objetivo de esta remodelación es optimizar recursos.

Pero en Elche, según el sindicato UGT, se va a crear un grave problema al acordar la dirección general de la Conselleria  el recorte de un funcionario en la instrucción de las guardias, de cinco pasarán a ser cuatro. Este recorte ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo para pedir que se suspenda la aplicación de la medida por vulnerar la normativa, según UGT 

Diferentes asociaciones judiciales han convocado esta mañana un paro para denunciar injerencias políticas y reclamar más inversión con el fin de mejorar la calidad y rapidez de la justicia.

Los jueces y fiscales de Elche han secundado esta protesta en la que se ha leído un manifiesto para rechazar las dos reformas legislativas que está tramitando el gobierno por la vía de urgencia y que aumentan el riesgo de las injerencias políticas sobre el poder judicial.

Denuncian que con esta reforma se creará un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno y, por tanto, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. Critican que el gobierno está poniendo a Europa como excusa para modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos. Además, denuncian que pretenden aumentar las competencias del Fiscal General del Estado con la reforma de otro anteproyecto de ley.

Protestan por el continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la fiscalía con declaraciones políticas que cuestionan las resoluciones judiciales que molestan. Con esta protesta piden la retirada de los dos proyectos y amenazan con ir a la huelga. Además, han reclamado más plazas judiciales y fiscales