El jueves Pimesa dará un nuevo paso para avanzar con el plan Casa Fácil que permitirá levantar 240 viviendas de protección oficial, adjudicará de manera provisional el lote 1 y 2.

Antes de este avance, el alcalde ha anunciado que se han introducido cláusulas claras como mecanismos de control para evitar irregularidades. Ha advertido de forma tajante que ningún político, asesor o alto cargo del Ayuntamiento podrá acceder a estas viviendas. El objetivo, es que la casa sea fácil para los ilicitanos e imposible para los políticos. 

Una parte de las viviendas serán gestionadas por la empresa pública PIMESA en régimen de alquiler asequible para jóvenes y la otra parte será gestionada por la empresa adjudicataria, a pesar de que aún no se conoce el porcentaje que recaerá en manos del Ayuntamiento, Ruz asegura que todo el proceso será siempre bajo el control público.

Explica que las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a PIMESA, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos. Además, la empresa municipal ha elaborado un documento sobre ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado obligatoriamente por todas las personas que quieran acceder a una vivienda pública.

Todo apunta a que las obras podrían comenzar en el último trimestre del año y en verano de 2027 iniciará la confección de las listas para solicitar una vivienda pública. 

Pimesa asegura que aplica todas las herramientas de control antifraude en los procesos de adjudicación de obras

Por otro lado, continúa el proceso de construcción de las 76 viviendas de alquiler accesible en el barrio de Travalón, que a diferencia del plan Casa Fácil, este es un proyecto financiado con fondos europeos, por lo que según la empresa pública Pimesa, se aplica incluso un mayor control en los procesos.

Desde Pimesa aseguran que todas sus herramientas de control interno y antifraude están activadas para evitar condiciones irregulares.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha presidido la IV reunión del Observatorio de la Justicia creado por el Colegio de Abogados para mejorar el funcionamiento judicial. En este encuentro han participado representantes de jueces, fiscales, procuradores, abogados y fuerzas de seguridad del Estado.

El decano del Colegio de Abogados, ha reclamado mayor agilidad en los señalamientos y procedimientos, sobre todo, en las ejecuciones hipotecarias y en la devolución o entrega de consignaciones de dinero en los juzgados. Han pedido más celeridad en los desahucios y ampliar los espacios que tienen en la Ciudad de la Justicia.

La responsable autonómica, por su parte, ha asegurado que el Partido Judicial de Elche tiene la implantación de los nuevos Tribunales de instancia en su tercera fase y ha anunciado que saldrá reforzado con cuatro plazas de jueces que servirán para descongestionar asuntos en el área de lo social y civil

En Matola, el Ayuntamiento dispondrá mediante cesión de una finca, cercana al núcleo urbano, que convertirán en una zona ajardinada y su casa de campo en centro sociocultural. El edil de pedanías, Pedro José Sáez, ha explicado en el programa Día a Día que se ha acordado con el Obispado la cesión de un inmueble en Matola para habilitarlo como centro público. Esta inversión se realizará por fases, donde se contemplará la reurbanización del exterior para crear una zona de ocio.

Por otra parte, el edil ha recordado que, además, se invertirán casi dos millones y medio de euros en la mejora de los caminos rurales, de los cuales algunos ya han comenzado. Sáez ha asegurado que, son numerosas las vías que se encuentran en un estado tan lamentable que se han convertido en caminos impracticables para los vecinos de las pedanías.