El Síndic de Greuges ha emitido una resolución en la que recoge que el gobierno local no cumple con los plazos de presentación de las actas de la Junta de Gobierno Local y que, en consecuencia, dificulta su labor de fiscalización. El 4 de abril, los populares elevaron su queja por obstrucción a la labor fiscalizadora de la oposición al Síndic de Greuges. Este viernes el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana ha emitido una resolución en la que recoge que el gobierno local está en la obligación de remitir las actas de la Junta de Gobierno Local en un plazo de 10 días. 

La resolución supone un toque de atención, una advertencia al gobierno local. Recoge que incumplir los plazos dificulta la labor de los concejales de fiscalizar al gobierno. En la resolución se recoge que «el retraso en recibir las actas de la Junta de Gobierno Local más allá de los 10 días previstos dificulta a los concejales, más allá de lo razonable, el ejercicio de las funciones de control del gobierno municipal”. Según el edil, José Navarro,»el gobierno local ha tardado hasta dos meses seguidos sin recibir las actas. Se lo reclamamos al secretario y junta de portavoces y nos respondieron que estaban dentro de los plazos. El Síndic dice justamente lo contrario».

Según el portavoz popular Pablo Ruz, el gobierno local hace «oposición a la oposición y vulnera sus derechos». Y ha añadido: «Que no nos remitan las actas de la Junta de Gobierno Local es un intento por parte del alcalde de evitar el control de su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento. La importancia de poder tener acceso en tiempo y forma a estas actas es porque en ellas se dilucidan temas importantes del municipio como la aprobación de proyectos de ordenanzas o reglamentos».  Exigen transparencia y lealtad y la garantía de ejercer la labor de control de los que están en la otra bancada.