Representantes de la Federación de Industrias del Calzado Español y de la Asociación Española de Empresas de Componentes se han reunido con responsables del Ministerio de Trabajo para analizar  los planes de pensiones de empleo simplificados (PPES).

El encuentro ha permitido abrir un espacio de diálogo para la previsión social complementaria en el ámbito laboral, así como conocer de primera mano la evolución de la negociación colectiva y los planes de formación y empleo orientados al sector. Estos planes tienen carácter complementario: no sustituyen ni reducen la pensión pública.

Los planes pueden integrarse en fondos de empleo de promoción privada o pública y, para la jubilación, funcionan bajo la modalidad de aportación definida, pero todo ello sujeto a que se incorporen en la negociación colectiva del sector, sobre la cual se determinará su aplicación.

El análisis resulta especialmente relevante para una industria formada por 2.024 empresas, de las que  el 72% son micropymes y el 28% pymes, y que emplea a casi 30.000 personas, un 47% de ellas mujeres.

El sector afronta, además, retos como la caída del consumo, la competencia creciente, el cierre de empresas y la falta de relevo generacional. En este contexto, las patronales valoran la necesidad de estudiar con rigor cualquier instrumento que pueda contribuir a mejorar la calidad del empleo y la retención del talento, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad económica para empresas de muy distinto tamaño.

Ayer se firmó el Convenio Colectivo 2026-2029 de la industria del calzado tras unas duras negociaciones que han llegado a buen puerto. Para la patronal este acuerdo aporta estabilidad, mejora las condiciones laborales y refuerza el marco de competitividad de las empresas.

Fruto del diálogo social y de la voluntad de ambas partes se ha alcanzado una estabilidad para afrontar los nuevos retos en un contexto económico complejo y de importantes transformaciones productivas, tecnológicas y laborales que está experimentado la industria zapatera.

El nuevo convenio contempla una vigencia de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2029 e incorpora incrementos salariales fijos del 4% en 2026, del 3% para el próximo y del 2 ‘5% para los dos últimos.

Se ha contemplado la cláusula de revisión vinculada al IPC con topes anuales pactados. También, el convenio recoge una reducción progresiva de la jornada anual en 12 horas así como la fijación de las vacaciones en 22 días laborables, reforzando la calidad y seguridad jurídica en su aplicación.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de un plan estatal de apoyo a la industria zapatera ante el deterioro que atraviesa el sector. La patronal advierte de que en los últimos cinco años ha desaparecido el 35% de las empresas del calzado en España, lo que supone el cierre de 1.149 compañías, además de una importante caída de la producción y del empleo.

Según los datos del sector, desde 2024 cierran cada año más de un centenar de empresas, una tendencia que atribuyen a un ajuste provocado por la falta de carga de trabajo y al incremento de las importaciones de calzado. Solo el pasado año, el déficit comercial alcanzó los 1.800 millones de euros, una cifra récord.

La pérdida de capacidad productiva también queda reflejada en la evolución de la fabricación nacional. Mientras que en 2001 se produjeron 202 millones de pares de zapatos en España, en 2024 la cifra descendió hasta los 71 millones. Paralelamente, el país importa 371 millones de pares de calzado al año, de los que más de la mitad proceden de China.

Desde la asociación denuncian que las empresas españolas deben cumplir una normativa cada vez más exigente en materia laboral, medioambiental y de producción, mientras que los productos importados no están sometidos a los mismos requisitos, lo que, a su juicio, genera una situación de competencia desleal.

En la actualidad, el sector mantiene algo más de 2.000 empresas de calzado y alrededor de un millar dedicadas a los componentes, en su mayoría micropymes. Además, solo permanecen cinco grandes compañías, un titular con mayor impacto también podría ser dentro de la industria.

Ante este escenario, la patronal solicita al Ministerio de Industria un plan de actuación dotado con más de 1.000 millones de euros para reforzar el tejido industrial, impulsar la competitividad y garantizar el futuro del sector. Los informes con el diagnóstico de la situación ya han sido remitidos al ministro y la próxima semana está previsto un encuentro con el secretario de Estado de Industria en Elche o Elda para abordar estas reivindicaciones.