Las reacciones al dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la resolución del contrato del Mercado Central  no se han hecho esperar. El PP ha reclamado el informe para estudiarlo en profundidad y sostiene que la indemnización puede alcanzar los 12 millones de euros. Mientras que Ciudadanos ha preguntado al alcalde de dónde van a sacar el dinero para pagar a Aparcisa.

 La resolución del contrato del Mercado Central vuelve a generar polémica en la oposición.El portavoz popular y senador, Pablo Ruz, ha reclamado al gobierno el informe sobre el Mercado Central del Consell Jurídic para estudiarlo en profundidad. Ruz, tras una primera lectura del documento, ha asegurado que en ningún momento el Consell Jurídic justifica la decisión de anular el contrato del nuevo Mercado Central con Aparcisa. Ruz sostiene que el contrato es legal y  que si se anula vuelve a advertir al equipo de gobierno que la indemnización puede alcanzar los 12 millones de euros.

Y Ciudadanos ha pedido explicaciones al alcalde después de que el informe del Consell Jurídic Consultiu reconociera que el Ayuntamiento deberá indemnizar a la empresa adjudicataria por el capricho político de este equipo de gobierno. La portavoz Eva Crisol, ha preguntado a Carlos González de dónde sacarán el dinero para pagar a Aparcisa, ya que asegura, la cifra podría ser millonaria. 

La Junta de Gobierno ha desestimado el recurso que Aparcisa interpuso el pasado mes de marzo contra el ayuntamiento por haber cubierto las catas y retirado el vallado del viejo Mercado Central sin contar con la empresa. El gobierno considera que esta actuación ha contado con la autorización de la Conselleria.

Con la desestimación de este recurso, la empresa ha agotado la vía administrativa por lo que ahora solo le quedan los tribunales para reclamar al ayuntamiento posibles daños y perjuicios por la anulación del contrato. El portavoz de gobierno, Héctor Díez, ha destacado estas obras que han supuesto normalizar la Plaza de las Flores y ha asegurado que es cuestión de semanas poner fin al contrato con la adjudicataria.

Si hace unos días se cubrieron los restos arqueológicos y retirado el vallado, ahora es el turno de la pintura, ya que esta mañana han comenzado las labores para mejorar el aspecto de la fachada. Y precisamente algunos colectivos ya se han dirigido al alcalde para que se proteja el edificio por su valor arquitectónico excepcional. Carlos González no ha entrado a valorar la propuesta pero sí ha recordado que en 2018 un informe de la Conselleria de Cultura señaló que el interés patrimonial del edificio era relativo y se había proyectado sin respetar la traba urbana y que además era el Ayuntamiento quien debía tomar la decisión de derribo, modificación o sustitución.