La Policía Local ha detenido a un hombre de 60 años por robar maletas en el Aeropuerto y por llevar documentación falsa. La patrulla de Movilidad Urbana detectó un coche mal aparcado en uno de los sótanos del aeródromo y se acercaron para interponer una multa. Fue entonces cuando dijo que no tenía documentación y fue advertido de que no podía conducir y le dijeron que su coche sería retirado por la grúa.

Entonces presentó un permiso de conducir extracomunitario falso. Además, cuando revisaron el coche se percataron de que intentó ocultar una maleta debajo de un autobús que había próximo, y el conductor del mismo lo vió por lo que alertó a los agentes. Descubrieron en el interior de la maleta un ordenador portátil y al mismo tiempo la policía recibió una alerta de denuncia de maleta perdida con las mismas características que esa.

Finalmente fue detenido por delito de hurto y falsedad documental y las víctimas recuperaron sus pertenencias. 

Salvamento Marítimo interceptó este miércoles por la tarde a una patera con 14 personas a bordo y a 26 millas de la costa de Santa Pola. Entre ellos había ocho menores, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Todos eran varones originarios de Guinea, Mali y Argelia y se encontraban en buenas condiciones de salud. Aun así, fueron trasladados al puerto de Alicante para recibir asistencia sanitaria por parte de una ONG.

Se han detenido hasta a 129 personas en la operación POLASANTA. La Policía Nacional comenzó en marzo de 2019 las investigaciones de este entramado diseñado y encabezado por una abogada afincada en Elche, que operaba desde su gestoría. La abogada instruía además meticulosamente a la futura pareja para las entrevistas matrimoniales. La trama se dedicaba a obtener permisos de residencia familiar mediante matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros principalmente de Marruecos y Argelia. Los matrimonios se concertaban principalmente en el Juzgado de Paz de Santa Pola, y los contrayentes pagaban hasta 10.000 euros. Se llegaron a producir hasta 72 matrimonios presuntamente ilegales, que dieron lugar a 51 permisos de residencia de familiar comunitario. La red estaba perfectamente organizada y jerarquizada: algunos se dedicaban a captar contrayentes, otros empadronados y otros falsos testigos.