El consejo de Estado ha dado este jueves luz verde al polémico Plan Hidrológico del Tajo, que en la práctica supondrá el recorte del trasvase y, por tanto, pérdidas millonarias para la agricultura del levante, según han denunciado los regantes del Camp d’Elx.

Este plan aumenta los caudales ecológicos del Tajo, lo que supondrá que se eleva la cantidad de agua mínima que tiene que haber en la cabecera del río para poder trasvasarla al Segura. Una medida aplaudida por el presidente de Castilla-La Mancha y que ha provocado numerosas críticas de las administraciones de Alicante, Murcia y Almería, que han sido desoída por el Ministerio. 

Tras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha anunciado que se movilizarán ante Moncloa como medida de presión, elpróximo martes si, finalmente, el Consejo de Ministros aprueba los planes de cuenca. El siguiente paso será defender en los tribunales el Trasvase.  Berenguer ha asegurado que pedirán al Supremo la paralización cautelar del Plan del Tajo. Presentarán todos los informes técnicos con el fin de demostrar que la decisión de la Ministra de subir el caudal ecológico de seis a 8’6 metros cúbicos en 2026 es una decisión política y no técnica.

Las asociaciones agrarias lamentan que el gobierno siga adelante con su plan de recortar en más de 100 hectómetros cúbicos al año los desembalses del Tajo. Su impacto está cuantificado; se perderán 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; 27.000 hectáreas de regadío; con un coste económico que alcanzará los 5.690 millones de euros de pérdidas.

Hoy el portavoz de los regantes, Ángel Urbina, se ha mostrado abatido por el dictamen del Consejo de Estado, no espera que el Gobierno de Sánchez rectifique y ve el futuro del sector muy negro, vaticina que a los agricultores solo les queda vender sus terrenos para la instalación de plantas solares y considera que el PSOE ha fracasado en su gestión hídrica en el Levante español.