El jueves Pimesa dará un nuevo paso para avanzar con el plan Casa Fácil que permitirá levantar 240 viviendas de protección oficial, adjudicará de manera provisional el lote 1 y 2.

Antes de este avance, el alcalde ha anunciado que se han introducido cláusulas claras como mecanismos de control para evitar irregularidades. Ha advertido de forma tajante que ningún político, asesor o alto cargo del Ayuntamiento podrá acceder a estas viviendas. El objetivo, es que la casa sea fácil para los ilicitanos e imposible para los políticos. 

Una parte de las viviendas serán gestionadas por la empresa pública PIMESA en régimen de alquiler asequible para jóvenes y la otra parte será gestionada por la empresa adjudicataria, a pesar de que aún no se conoce el porcentaje que recaerá en manos del Ayuntamiento, Ruz asegura que todo el proceso será siempre bajo el control público.

Explica que las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a PIMESA, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos. Además, la empresa municipal ha elaborado un documento sobre ausencia de incompatibilidades, que deberá ser firmado obligatoriamente por todas las personas que quieran acceder a una vivienda pública.

Todo apunta a que las obras podrían comenzar en el último trimestre del año y en verano de 2027 iniciará la confección de las listas para solicitar una vivienda pública. 

Pimesa asegura que aplica todas las herramientas de control antifraude en los procesos de adjudicación de obras

Por otro lado, continúa el proceso de construcción de las 76 viviendas de alquiler accesible en el barrio de Travalón, que a diferencia del plan Casa Fácil, este es un proyecto financiado con fondos europeos, por lo que según la empresa pública Pimesa, se aplica incluso un mayor control en los procesos.

Desde Pimesa aseguran que todas sus herramientas de control interno y antifraude están activadas para evitar condiciones irregulares.

En el debate del programa Día a Día sobre vivienda se ha criticado a los gobiernos por no haber invertido en la construcción de vivienda social y de Protección Oficial para evitar el grave problema actual.

En Elche el precio del alquiler se ha disparado al igual que el precio de la vivienda nueva. En estos momentos el alquiler medio está en los 800 euros y por encima de los 200.000 euros adquirir una vivienda a estrenar.

Los locales que se están convirtiendo en viviendas han proliferado para solucionar la falta de vivienda pero, ya están, creando problemas en las comunidades de propietarios por los infractores.

Desconfían de las medidas anunciadas por el Gobierno estatal ya que las anteriores han fracasado de forma estrepitosa. Han reclamado a los gobiernos que se cuente más con el sector a la hora de sacar leyes y denuncian que no haya ayudas reales para acceder a la vivienda en alquiler o en propiedad.

Al equipo de gobierno le ha sorprendido la propuesta que el PSOE llevará al próximo pleno para blindar los ejes comerciales frente al aumento de locales transformados en viviendas. El edil de Urbanismo asegura que ya han comenzado a trabajar con el objetivo de compatibilizar usos y proteger las zonas con mayor actividad comercial mediante una regulación clara y aplicable a todo el municipio, no solo al centro urbano.

El alcalde ha recordado que las licencias de cambio de uso de local a vivienda las aprueban los técnicos municipales, que aplican criterios rigurosos y exigen el cumplimiento de todas las condiciones de habitabilidad. Ruz ha afirmado que todas las viviendas autorizadas cumplen la normativa y considera irresponsable que el PSOE haya cuestionado las condiciones de habitabilidad autorizadas.

Según el alcalde este fenómeno se viene produciendo desde hace al menos cinco años en Elche, por ello ha insistido en la necesidad de establecer un marco general que dé seguridad jurídica sin caer en una sobre legislación de la propiedad privada.