En Elche varias entidades de izquierdas se preparan para movilizar a la ciudadanía con motivo de la crisis de la vivienda y para garantizar el éxito de la huelga general que han convocado los sindicatos mayoritarios y representantes de las acampadas.

Será el próximo 11 de noviembre y en Elche entidades como la Asamblea Popular Republicana se prepara para que la huelga sea un éxito. Consideran que en la calle y con las movilizaciones se puede conseguir cambios de calado para que trabajadores y jóvenes puedan tener más fácil el acceso a la vivienda.

Los republicanos aseguran que más allá de esta huelga o de las elecciones generales, van a seguir reuniéndose todos los miércoles en su sede en Carrús para presionar a las instituciones públicas para obtener soluciones.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas asegura que este año ha aumentado especialmente el número de familias que acuden a pedir ayuda. Actualmente trabaja en 7 desahucios previstos para los próximos meses: cinco en octubre, uno en noviembre y otro todavía sin fecha.

Los casos afectan principalmente a familias con menores tras la finalización de su contrato de alquiler o por propietarios que no quieren renovarlos. La PAH sostiene que mientras el perfil de las familias es muy variado, sí detecta un patrón entre algunos compradores que adquieren viviendas con personas todavía residiendo legalmente en ellas para conseguirlas a un precio inferior, extorsionarlas para echarlas y luego subir el precio. 

«El perfil es muy variado, de edades y de todo. Hay personas mayores, pero ahora mismo la mayoría que tenemos son con niños. Hay gente que está comprando para aprovechar que puedes comprar barato, sobre todo si hay una persona viviendo dentro», cuenta Marga Bernat, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La plataforma reclama una mayor intervención de las administraciones y más vivienda pública destinada al alquiler Denuncian que lleva desde diciembre de 2024 sin reunirse con el alcalde.

«Le hemos pedido reunión tras reunión tras reunión. La única que obtuvimos fue una con la concejala y luego otra con el alcalde, que fue en 2024. Desde diciembre de 2024 no nos ha recibido más», explica Gloria Marín,  miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

La PAH espera ahora comprobar si alguno de los desahucios previstos puede acogerse a las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. La plataforma advierte de que la suspensión no será automática y que cada familia tendrá que acreditar ante el juzgado que cumple las condiciones establecidas.

Decenas de personas acudieron ayer a la convocatoria para protestar por la crisis de la vivienda y reclamar la aplicación de lo que han llamado el decreto Mari Carmen, la mujer octogenaria de Madrid que ha sido desahuciada y que se ha convertido en la imagen del drama de los desahucios en este país.

Un grupo de activistas que tienen intención de constituirse como entidad Veïns d’Elx ha sido el que ha convocado esta movilización en la que se ha pedido a los manifestantes que llevasen la silla y el bocadillo para realizar un “sopar a la fresca”.

La intención es reclamar al Gobierno Central la aprobación de medidas que impidan los desahucios sin alternativa habitacional, que congelen los precios del alquiler, que los contratos de alquiler sean indefinidos y acabar con los contratos de fraude de ley.

Miembros de la PAH, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas han intervenido en la concentración explicando sus reivindicaciones y pidiendo el apoyo del trabajo que están realizando para seguir paralizando los desahucios. Aseguraron que en Elche durante el pasado año se registraron 130 desalojos, la mayoría por alquiler.

Desde la PAH alertan de cuatro nuevos desahucios entre Elche y Crevillent de familiar vulnerables con menores sin que se les ofrezca una alternativa residencial pública. Reclaman, además, al Ayuntamiento un plan municipal de alquiler y alternativas habitaciones reales.

La concentración concluyó con el compromiso de mantener la presión a la calle para defender que tener una casa digna sea un derecho y no un negocio.