PIMESA ha adjudicado la redacción del proyecto de demolición del bloque 8 del barrio de San Antón, situado en la calle Palombar. La empresa BIMOBRA S.L. será la encargada de elaborar el proyecto, además de asumir la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la futura actuación. La demolición se llevará a cabo en dos fases.

En una primera etapa se accederá al edificio para que los vecinos puedan recuperar los enseres personales que aún permanecen en las viviendas.

Después se ejecutará el derribo completo del inmueble mediante técnicas de demolición selectiva, con el objetivo de facilitar el reciclaje de materiales y garantizar la retirada segura de los elementos peligrosos.

El contrato, adjudicado por algo más de 21.800 euros, cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses. La empresa dispondrá ahora de 6 semanas para redactar el proyecto, después PIMESA sacará a licitación las obras de demolición del bloque 8, un proceso al que se pondrá en marcha una vez finalice esta fase técnica.

El Pabellón Sara Marín y María Díez acogerá durante todo el mes de julio la Escuela de Verano Inclusiva, un campus piloto en el que participan 35 menores de entre 5 y 12 años, incluyendo a niños y niñas neurodivergentes. Para garantizar un entorno seguro, el campus cuenta con monitores especializados, entrenadores y terapeutas ocupacionales, un esfuerzo por la igualdad de oportunidades.

El proyecto, enmarcado en la Capitalidad Mediterránea del Deporte 2026, combina deportes colectivos y actividades terapéuticas con dinámicas tradicionales, donde los alumnos descubrirán la historia de la Dama de Elche, el Misteri o el Palmeral. Todo ello se complementará con talleres de educación ambiental, como la excursión que los pequeños realizarán mañana al Hondo y al Clot de Galvany. 

Tras conocer la adjudicación de la nueva contrata de parques y jardines por 18 millones de euros, el portavoz socialista, Héctor Díez, ha propuesto que se dé transparencia en la contratación de los cerca de 70 trabajadores que incorporará la nueva concesionaria para que cualquier persona pueda acceder a los puestos en igualdad de condiciones.

Díez también plantea que el Ayuntamiento cubra las plazas que queden vacantes por jubilación. Por último, propone la creación de plazas de inspección que permitan supervisar el cumplimiento del servicio.

Según Díez, el contrato establece que el Ayuntamiento será el responsable de prestar el servicio de vigilancia pero, sin embargo, asegura, no dispone de inspectores específicos para esta labor. El portavoz del PSOE ha sido crítico al afirmar que los tres años de abandono de zonas verdes costarán ahora 18 millones de euros a los ilicitanos.