El Rogle d’Inquilines quiere dar un paso más en su organización y constituirse formalmente como sindicato después de la huelga general convocada para el próximo miércoles, día 11. El colectivo, que nació en el barrio del Raval, busca organizar a los inquilinos de Elche y dar respuesta a los problemas relacionados con el mercado del alquiler y el acceso a una vivienda digna.

Así lo ha explicado Carlos Hernández, uno de los integrantes del colectivo, durante su visita al plató de Día a Día, donde ha detallado los motivos que llevaron a poner en marcha esta iniciativa y los objetivos que persiguen.

El grupo ha ido creciendo desde sus primeras reuniones y sus asambleas han llegado a reunir a alrededor de treinta personas. Su intención es complementar el trabajo que ya desarrolla la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), poniendo el foco especialmente en las dificultades que afrontan los inquilinos.

«Veíamos que había un vacío respecto a la vivienda, por lo menos en la población más joven», ha explicado Hernández, quien también ha señalado que en Elche apenas existía organización en torno a esta problemática. «En cierto modo, queremos complementarlos», ha añadido en referencia a la labor de la PAH.

Preocupación por los alquileres y el estado de las viviendas

Entre las cuestiones que preocupan al colectivo se encuentra el encarecimiento del alquiler y las dificultades para encontrar una vivienda en condiciones dignas. Desde El Rogle d’Inquilines consideran insuficientes los planes de construcción de vivienda pública anunciados por las distintas administraciones para hacer frente al problema habitacional.

También advierten de las contradicciones que presenta el mercado inmobiliario en algunos barrios de Elche. Es el caso de Carrús, donde es posible encontrar alquileres más económicos, pero donde, según denuncia el colectivo, también hay viviendas que presentan condiciones deficientes.

El proceso para convertirse en sindicato comenzará tras la huelga

Los integrantes de El Rogle d’Inquilines participarán en la huelga general del próximo miércoles, día 11. Una vez finalizada la convocatoria, retomarán a partir del día siguiente los trámites para constituirse formalmente como sindicato.

Con este paso, el colectivo pretende consolidar su estructura y reforzar la organización de los inquilinos en Elche, dando mayor visibilidad a sus reivindicaciones y a los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte de la población.

El problema de la falta de vivienda ha provocado que en los últimos años se incremente la conversión de bajos comerciales en viviendas.

El Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto con el objetivo de mantener vivo el comercio local y evitar que las calles acaben perdiendo sus negocios.

Para ello el gobierno municipal está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que podría tardar un año. Mientras esta tramitación continúa se ha aprobado la suspensión de nuevas licencias para convertir locales en viviendas en determinadas calles, plazas y avenidas del municipio. 

El Ayuntamiento se reunirá los próximos meses con las asociaciones vecinales de los distintos barrios. Según el edil de Urbanismo, con estas limitaciones se quiere evitar que el cambio de uso de estos bajos reduzca los servicios de proximidad. 

La suspensión afecta a partir de hoy a los ejes comerciales incluidos en la modificación del Plan General y estará vigente mientras se tramita este cambio urbanístico.

Juntes per l’Habitatge reúne a entidades sociales, vecinales y sindicatos como la PAH, la Federación de Asociaciones Vecinales, UGT o CCOO. Hasta el 11 de noviembre coordinarán en Elche el reparto de información y carteles y prepararán una charla para resolver dudas sobre la huelga, especialmente entre trabajadores de pequeñas empresas sin representación sindical. Para la tarde de ese día también está prevista una manifestación en la ciudad.

La plataforma quiere continuar trabajando después de la huelga para abordar específicamente el acceso a la vivienda. En Elche, sus integrantes señalan el precio de los alquileres como uno de los principales problemas y algunas de las organizaciones ya han defendido medidas como la declaración de zona tensionada, aunque Juntes per l’Habitatge todavía no ha acordado una tabla concreta de reivindicaciones para la ciudad.