Ninguna empresa ha optado por construir el edificio de las 45 viviendas en el barrio de San Antón. La adjudicación ha quedado desierta y PIMESA ha acordado volver a iniciar el proceso pero incrementando el presupuesto en un 10%.

La obra salió a licitación por 4 ‘6 millones de euros y, ahora, volverá a someterse a concurso público por 5’ 8 millones de euros para hacer más atractivo el proyecto y conseguir que las empresas opten a realizar esta construcción.

El nuevo edificio se necesita con urgencia tras el desalojo de las familias del bloque 8 el pasado mes de abril por peligro de colapso. El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha asegurado que este viernes en el Consejo de Administración de PIMESA se llevará este asunto para sacar adelante cuanto antes el nuevo edificio que se destinará al realojo de esas familias.

La financiación inicial contemplaba una aportación de 2 ‘5 millones de la Generalitat, 1’ 3 el Ayuntamiento y 1 ‘9 de los vecinos. Este reparto deberá revisarse para adaptarlo al nuevo presupuesto.

El edificio contará con 45 viviendas protegidas, de las que 27 serán de dos dormitorios y el resto de tres. Dispondrá de un aparcamiento con 44 plazas y local comercial. El plazo máximo de ejecución es de 24 meses.

Las calles Andrés Torrejón y Antonio Flores en el centro histórico cambiarán su aspecto, se ampliarán para adaptarlas a la actual normativa. El Ayuntamiento invertirá 174.000 euros en renovar estas vías para mejorar la accesibilidad y seguridad para los peatones.

Ahora Aigües d’Elx ha iniciado la renovación de la red de alcantarillado y de las acometidas de las viviendas, unos trabajos que durarán un mes. Cuando finalicen, comenzarán las obras que ampliarán las aceras, renovarán los bordillos y la calzada. 

El edil de Vía Pública, Claudio Guilabert, ha explicado que estas calles no se convertirán en plataformas únicas porque soportan mucho volumen de tráfico. La intervención incluye, además, la reubicación de imbornales para mejorar la recogida de aguas pluviales, el soterramiento del cableado, la renovación de la iluminación, la señalización vial y la reposición de mobiliario urbano. 

El Sindicato Independiente USO ha denunciado la existencia de un colapso administrativo en el Ayuntamiento de Elche que habría provocado que cientos de sanciones impuestas por la Policía Local hayan prescrito sin llegar a aplicarse.

Según los responsables sindicales, esta situación de parálisis se arrastra desde mediados de 2024, cuando se produjo la jubilación del responsable del departamento encargado de gestionar las sanciones. Aunque en 2025 se incorporó personal de refuerzo, USO asegura que el volumen de expedientes acumulados ha impedido recuperar la normalidad en la tramitación de las denuncias.

El atasco afecta a sanciones derivadas de infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y de distintas ordenanzas municipales, como las relacionadas con la limpieza, los ruidos y, especialmente, las conductas registradas en el litoral ilicitano.

Desde el sindicato advierten de que este parón, que se prolonga desde hace más de un año, tiene consecuencias importantes tanto para la gestión municipal como para la autoridad de la Policía Local, al dejar sin efecto cientos de procedimientos sancionadores por haber prescrito.

Además, USO considera que el problema estructural continúa sin resolverse y que el departamento sigue funcionando con recursos insuficientes.

Por este motivo, la organización sindical ha solicitado al Ayuntamiento información sobre el número de expedientes iniciados por la Policía Local durante 2024 y 2025 por infracciones leves y graves, así como sobre las sanciones relacionadas con las ordenanzas municipales que hayan caducado o prescrito durante ese periodo.

El sindicato asegura desconocer el porcentaje real de expedientes afectados y reclama una solución urgente para garantizar que las actuaciones de la Policía Local tengan continuidad administrativa y no queden, como denuncian, en papel mojado.