La Justicia ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a un ilicitano por delito de agresión sexual a una menor de 14 años. El procesado lleva en prisión provisional por esta causa desde el 4 de agosto de 2022 al ser reincidente. El violador tenía suspensa otra condena de 2 años de cárcel por abusos sexuales.  El acusado el 25 de septiembre de 2020 sobre las siete de la mañana se encontraba en las inmediaciones de un centro educativo y en un descampado cercano y solitario comenzó a perseguir a la carrera a dos adolescentes que acababan de bajar de un autobús.  El acusado alcanzó a una de ellas, la cogió fuertemente por la cintura, la tiró al suelo y le tocó sus partes íntimas. La víctima fue auxiliada por una amiga y el acusado al verse sorprendido dijo “Vale ya paro”. La víctima sufrió lesiones y secuelas psicológicas. Ha sido indemnizada con 3.000 euros.

El Ilustre Colegio de Abogados de Elche ha acogido este miércoles la primera reunión del Observatorio de la Justicia en Elche. Se ha tratado de reunión constitutiva de este órgano y en la que han participado más de una veintena de personas, entre ellas el decano del Colegio de Abogados, Diego García, así como representantes del Colegio de Procuradores, el Juez Decano, el Fiscal Jefe, representantes trabajadores de la Administración de Justicia, Policía Nacional, Local y Guardia Civil e incluso la Conselleria de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Observatorio de la Justicia es una iniciativa pionera en España y pretende mejorar el servicio público de la Administración de Justicia y servir de nexo entre todos los operadores jurídicos para la mejora de la calidad asistencial. También será el lugar de encuentro para resolver problemas o desafíos y mejorar la relación entre los ciudadanos y la Justicia, entre otras cosas.

El Ilustre Colegio de Abogados de Elche se ha pronunciado en torno al acuerdo de investidura y en una Junta de Gobierno, también extraordinaria celebrada este lunes, se ha aprobado una declaración institucional en la que se defiende el Estado democrático de Derecho y la independencia de poderes, teniendo como premisa la neutralidad política de la Justicia. La declaración institucional recoge, entre otras cosas, que la separación de poderes es la “esencia” del Estado democrático de Derecho, que se rechaza cualquier actuación en contra de lo que esté sujeto a la Constitución, así como la defensa de la igualdad de todos ante la ley.