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Vivienda

La historia de un matrimonio que pone de manifiesto el problema de acceso a la vivienda

José y su mujer viven en un almacén tras ser desahuciados y no encontrar alternativa habitacional

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José y su mujer viven en un almacén que han alquilado provisionalmente después de ser desahuciados. Finalizó el contrato de alquiler en el piso que vivían en la Plaza de Crevillente cuando su propietario les anunció que subiría el alquiler 150€ más. José cobra menos de 500 euros de pensión y ante la imposibilidad de hacer frente a la subida acordó con el propietario darle 90€ más hasta encontrar otra vivienda más asequible. Entonces llegaron los problemas de salud. José tuvo que ser operado de la aorta y su mujer tuvo que hacer frente a un cáncer. Más tarde, tras recibir la notificación de desahucio y presentar dos recursos su abogada, tuvieron que abandonar la vivienda en 48h.

«El propietario quería una cantidad a la que yo no podía llegar y no quería comprometerme y luego ser un moroso. Acordamos 90 euros más de lo que estábamos pagando en contrato, pero luego quería 150 euros más. Le pedí tiempo para pedir otra vivienda», ha explicado José.

Denuncian que ser acreditados como familia vulnerable es un «arma de doble filo» porque genera rechazo entre los propietarios. No han encontrado piso ni local donde mudarse y un amigo les ha pagado este almacén donde pasar los días mientras buscan un techo donde vivir. «El dueño del almacén y la inmobiliaria me advirtieron que es un almacén y aquí he metido todos los muebles de mi casa, mis herramientas…», ha señalado José.

Aseguran que el Ayuntamiento les pagó cuatro noches de hotel tras ser desahuciados y que desde Servicios Sociales les dijeron que les pagarían algunos meses de alquiler, o parte del importe, pero que al margen de este compromiso no ha habido alternativa habitacional. José ha explicado que el almacén tiene humedades, no es habitable y está plagado de cucarachas, por lo que han pasado algunas noches durmiendo en la calle. «Tengo a mano dos sprays para matar cucarachas y la chica a la que se los compro me ha dicho que ya llevo 14. Le he dicho que ¡y lo que queda!», ha contado el afectado. La historia de este matrimonio pone de manifiesto el problema local y global del acceso a la vivienda. 

Vivienda

La PAH se concentra en contra de los desahucios y para reclamar vivienda social

Reclaman de nuevo el escudo social y denuncian que esta semana han sido cinco las familias afectadas por ejecución de desahucio

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La Plataforma de Afectados por las Hipotecas se ha concretado esta mañana en la Plaza de Baix para defender el escudo social que ha decaído tras derogar en el Congreso de los Diputados el decreto de las medidas sociales. Denuncian que en Elche ya han sido desahuciadas varias familias a las que solo les ofrecen pernoctar en los albergues.

Fina Aparicio lleva 17 años viviendo de alquiler en una casa y, ahora, los propietarios le han dado dos meses para que la abandone. María José lleva 15 años viviendo de alquiler pero un fondo buitre no le renueva el contrato y ayer, gracias a la Plataforma pudieron paralizar el desahucio. Por otro lado, otros viven con angustia ante la cercanía de la fecha del desahucio.

La Plataforma con esta concentración ha denunciado los desahucios y ha denunciado que para las rentas bajas es imposible acceder a un alquiler. Piden al ayuntamiento y Generalitat políticas de vivienda social. 

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Vivienda

Pimesa cierra sus cuentas con una inversión de 5,1 millones en 2025

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La empresa pública Pimesa ha cerrado el ejercicio del 2025 con una cifra de negocios de 10,4 millones de euros, y el doble de beneficio respecto al año anterior. Las inversiones realizadas por Pimesa en 2025 ascienden a 5,1 millones de euros por actuaciones de gran envergadura como Porfirio Pascual y San Antón, proyectos importantes como el Mercado Central y Centro Sociocultural de Torrellano y la adquisición de suelo para vivienda residencial. Este año son numerosos los retos que afronta, entre ellos la ampliación del parque público de vivienda en la ciudad. En el Consejo de la empresa celebrado hoy han dado un nuevo paso con la adjudicación definitiva del plan Casa Fácil. 

En estos solares se construirán 240 viviendas de protección pública, de las cuales 48 quedarán en manos de Pimesa que destinará a alquiler para jóvenes, mientras el resto saldrán a la venta y la empresa pública fiscalizará tanto el proceso de comercialización como el de adjudicación de las viviendas.                

Preocupación por familias que siguen en bloques deteriorados pendientes de demolición en San Antón        

Otras actuaciones que avanzan más despacio, la demolición de los bloques de San Antón, ya se han derribado dos y faltan otros dos que continúan con los tres propietarios de las viviendas que rechazaron la alternativa habitacional en los nuevos bloques. La empresa pública Pimesa está negociando el dinero que deben pagar a los propietarios para que puedan abandonar las vivienda por la vía administrativa. El gerente, Antonio Martínez, ha mostrado la preocupación de que estas familias, algunas con niños pequeños, sigan viviendo en unos bloques que con el paso del tiempo su deterioro será más grave. Un hecho que ya han denunciado a los organismos competentes.

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Vivienda

El alcalde anuncia en el pleno que Elche contará pronto con más suelo urbano para vivienda pública

El pleno aprueba seguir impulsando vivienda asequible a través del Plan Casa Fácil

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El problema de la vivienda en Elche sigue ocupando gran parte del debate político. El bipartito ha llevado hoy al pleno impulsar políticas para la construcción de vivienda protegida que pasan por instar a Pimesa a poner en marcha más iniciativas.

El alcalde ha defendido el Plan Casa Fácil porque permitirá crear 240 viviendas para nuevos compradores. Y ante la necesidad de más suelo urbano edificable en Elche ha anunciado que pronto activarán más parcelas para amortiguar este problema a través del cambio de uso de los solares.

Los socialistas critican de nuevo que el Plan impulsado por el equipo de gobierno ofrezca viviendas por 250 mil euros de media. Además, insisten en el impulso a las ayudas a la rehabilitación de edificios y a la puesta en marcha de las ayudas al alquiler. 

Para Compromís la prioridad es regular los precios del alquiler y aumentar la inspección en los trámites de la adjudicación de vivienda pública. 

Sin embargo, VOX defiende la iniciativa privada para conseguir crear la vivienda pública que Elche necesita y pone el foco en la necesidad de combatir la okupación.

Después de un extenso debate con posturas enfrentadas, la propuesta de PP y Vox ha salido adelante con la abstención de la oposición que sigue defendiendo que el Plan Casa Fácil es insuficiente para paliar un problema tan complejo como el de la vivienda. 

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